Denuncian a funcionarios de Defensa durante la gestión de Julio Martínez

La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia judicial por "negociaciones incompatibles con la función pública" contra el hoy director de Sanidad de la Armada, comodoro Marcelo Cristian Tarapow, y ex funcionarios del actual gobierno, por un intento de direccionamiento en la licitación de la Campaña Antártica Verano 2016/2017, que tenía un presupuesto de $ 552 millones. "Surgen de esta profusa investigación importantes hallazgos que evidencian un accionar carente de parcialidad, en el que se habrían insertado intereses particulares, en miras a favorecer a la firma Trade Baires International SA, dañando con ello la imagen y el prestigio de la administración pública", sostuvo en su denuncia judicial la Oficina Anticorrupción (OA).

El comodoro acusado por la Oficina Anticorrupción es hermano de Guillermo Tarapow, quien estaba a cargo del rompehielos Irízar cuando ocurrió el incendio devastador, hace poco más de 10 años.

El trámite de la licitación había empezado en mayo de 2016, cuando el Ministerio de Defensa estaba ocupado por el actual senador riojano Julio Martínez (UCR). El plan era contratar un buque polar, un rompehielos y dos "helicópteros pesados navalizados", para lo cual se habían presentado cuatro empresas oferentes. Sin embargo, no se hizo la contratación, porque tres proveedores no cumplían con todos los requisitos establecidos por Tarapow en el pliego de licitación y el cuarto oferente, que era Trade Baires, pretendía cobrar un 51% más que lo presupuestado.

Consultados por Clarín, desde la Armada intentaron deslindar responsabilidades y señalaron que "si bien la Armada cede personal y medios navales para la campaña antártica, el Comando operacional del Estado Mayor conjunto del ministerio de Defensa es el responsable de la planificación, conducción y logística de las campañas antárticas". Además, aseguraron que "esa licitación se cayó por costos excesivos de las ofertas y la Campaña Antártica Verano se hizo con medios de la Armada".

El organismo que dirige Laura Alonso aseguró que, más allá de la caída de la licitación, el delito se habría cometido al intentar direccionar esa licitación. Y también pidió investigar a ex funcionarios del Ministerio de Defensa, como Walter Ceballos, que en ese entonces era secretario de Servicios Logísticos del Ministerio de Defensa, ya que encabezó una misión paralela para realizar una contratación directa con una empresa sudafricana que participaba en esa licitación.