Pidieron prisión perpetua para quienes mataron al diputado Héctor Olivares y su asesor

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 inició la jornada de alegatos en este debate que se inició el 4 de este mes y que tiene como presuntos autores del doble asesinato a los primos Juan Jesús Fernández (44) y Juan José Navarro Cádiz (27), ambos de la comunidad gitana.

La primera en alegar ante los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas en una audiencia realizada de manera mixta desde tribunales y por la plataforma Zoom, fue la abogada María Fernanda Prack, quien representa a la familia del diputado nacional radical asesinado y pidió la pena máxima del Código Penal para estos dos imputados.

Al sostener la acusación por la que llegaron a juicio, para la querella ambos deben responder como coautores de un "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y placer y por el empleo de un arma de fuego, reiterado en dos oportunidades, en concurso con la portación ilegal del arma de guerra empleada para cometer el delito".

"Héctor Enrique Olivares fue una persona querida y respetada por todos los que lo conocieron. Contaba con una amplia trayectoria política una vocación de servicio por su país. Lo siguen recordando en su pueblo, su familia y sus correligionarios. Se trata de una muerte absurda, sin sentido, una tragedia totalmente innecesaria", dijo la abogada al recordar a la víctima.

Al fundamentar la calificación y hablar del móvil de hecho, Prack sostuvo que "no surgió de la investigación ningún conflicto previo entre los autores y las víctimas, sino que la razón del homicidio responde al estado de ánimo del autor que describen en mayor detalle el impulso del autor. "El hecho consideramos que se ve agravado por el solo hecho del placer de probar el arma", reiteró.

Sin embargo, en lo que fue una primera parte de un extenso alegato de más de dos horas y media que continuará el próximo lunes y en el que aún no llegó a hacer los pedidos de pena, el fiscal de juicio Ariel Yapur no coincidió en este punto.

Yapur acusó a Navarro Cádiz y Fernández como coautores de un "homicidio agravado por alevosía cometido en forma reiterada (dos hechos), en concurso con la portación ilegal del arma".

Si bien con esta calificación la pena es la misma -prisión perpetua-, Yapur descartó el agravante del "homicidio por placer" con el que había llegado a debate oral el expediente al considerar que "no se ha alcanzado certeza en relación a qué determino a Navarro Cádiz y Fernández a hacer lo que hicieron".

"No es posible asumir que a falta de un motivo entonces se supone que actuaron por un móvil que agrava la conducta. No habiéndose probado el motivo determinante de la actuación que llevaron a cabo Fernández y Navarro Cádiz, no puede asumirse que lo hicieron por placer", fundamentó el fiscal al cuestionar esa figura penal.

En cambio, consideró que este doble crimen sí es un "caso de libro de alevosía» en el que «la víctima es tomada por sorpresa y es ultimada sin chances de defenderse" y donde "los imputados actuaron acechando a las víctimas" desde dentro del auto donde salieron los disparos.

En otro tramo de su alegato, Yapur puso en duda la nueva versión que introdujo el confeso Navarro Cádiz al declarar el primer día de juicio, cuando pidió perdón a las familias de las víctimas, reconoció haber sido el tirador pero aclaró que su intención fue hacer un solo disparo hacia un ombú de la plaza y por error salió una ráfaga.

"Está descartado esta idea de que hubo un intento de efectuar un disparo y que por accidente salieron cinco. Las imágenes permiten ver tres secuencias de disparos con un tirador que cambia la dirección de los disparos siguiendo el movimiento de las víctimas", dijo el fiscal. "No hay ninguna duda de que el objetivo al que se dirigía los disparos no era el ombú sino los señores Yadón y Olivares".

También alegó la abogada Mónica Mac Gaul, querellante de la familia de Yadón, quien adhirió a los pedidos formulados por su colega Prack y pidió al TOC 9 "justicia para las familias de las víctimas" y "una condena ejemplar".

Las querellas solicitaron penas de entre 2 y 4 años de prisión para los otros siete imputados del juicio, la mayoría familiares de los presuntos asesinos, que llegaron al debate en libertad como acusados de delitos menores como tenencia o portación ilegal de armas.