Quitarán el Potenciar Trabajo a más de 8 mil estatales que lo cobran

La Justicia descubrió que al menos 8.535 empleados de 10 provincias son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Se trata de un hecho incompatible, por lo que la Justicia deberá proceder a la baja de esos beneficios.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los que no lo hicieron, fueron intimados por segunda vez, informó el portal Infobae.

Marijuan los acusa de "la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público".

Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan "Juanchi" Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.

Cuáles son las provincias con más incompatibilidades de Potenciar Trabajo

Las provincias que más casos presentaron son Tucumán, con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128; informó Andrés Klipphan en una nota escrita para el medio porteño.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la "suspensión y/o baja de planes sociales", en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como "Caso Coirón Nro. 234746/2023.

Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.