Diputada Adriana Olima alertó sobre la indiferencia ante la violencia de género

 Tanto como vicepresidenta de la Función Legislativa y en nombre del bloque de diputados del PJ, la legisladora puso énfasis en la necesidad de trabajar de manera inmediata en la protección de las mujeres que son víctimas de una cultura machista, que cada vez golpea más fuerte y se cobra vidas a diario en todo el país. Lo sucedido anteayer con la muerte de Deolinda Torres, que fue atacada por su ex pareja mientras dormía en su vivienda del barrio Carlos Onetto, encendió nuevamente el alerta en instituciones y dirigentes provinciales porque no se logra aminorar la marcha de este tipo de delitos.

Adriana Olima no sólo cuestionó el inconcluso cumplimiento de legislación vigente al respecto, sino que además evidenció su sorpresa ante la indiferente quietud social, que no reacciona para enfrentar una cultura de violencia arraigada fuertemente en la provincia.

Entendió que "no sólo hay que marchar en las fechas alusivas con los carteles de "Ni una menos", sino poner en práctica la defensa y acompañamiento a las víctimas de violencia todos los días del año, mucho más cuando suceden este tipo de hechos que enlutan a toda una provincia". En este sentido, enfatizó que "lo que más me duele es la indiferencia evidente en muchos sectores de la sociedad, no sólo desde lo dirigencial, sino también en las bases de una comunidad que debiera comprometerse para defender a las mujeres".

Por otro lado, recordó que existe legislación suficiente que prevé trabajar multidisciplinariamente para luchar contra el flagelo de la violencia. Enumeró la ley 9.834 que establece la creación del Programa Provincial de Lucha contra la Violencia de Género, donde el objetivo es justamente aminorar el número de víctimas, mediante el cumplimiento de una serie de pautas sociales, jurídicas y hasta económicas para brinda la contención suficiente. 

En la misma ley se crea el Observatorio de la Violencia de Género en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, cuyo objetivo es el monitoreo, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres. Justamente, este es uno de los puntos donde se falló en torno al control de las restricciones que tenía la ex pareja de Deolinda Torres, Santiago Condorí, para no acercarse al domicilio de la víctima.

También está en plena vigencia la ley 9.921, que resulta de suma importancia para prevenir que los hechos de violencia lleguen a la muerte de la mujer. Allí se estipula el Protocolo de Intervención en Situaciones de Violencia de Género, cuya aplicación debe ser ejercida de manera multidisciplinaria por varias áreas del Gobierno, como Gobierno, Justicia y Seguridad, Salud, Educación, la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía General y otros organismos del Estado.

Con todo lo expuesto por la vicepresidenta Primera de la Cámara, infiere que las normas de protección están debidamente dictadas y que debiera preverse su adecuada implementación, para evitar que un nuevo caso de femicidio se cometa en la provincia por falta de acción de los organismos competentes. Por ello, asumió el compromiso de ponerse al frente de todo lo inherente al cumplimiento de estas normativas y ahondar en los casos similares, donde existen denuncias y riesgos de muerte para otras mujeres.

Ante la dramática situación y desmembramiento familiar sufrido, la diputada por Famatina aseguró que acudirá para conocer el estado de los pequeños hijos de Deolinda, porque entiende que hoy con su padre preso por estar sindicado como el autor del crimen, quedaron desamparados. En este orden, Olima se comprometió a realizar lo necesario para que se brinde la contención necesaria a los menores e instó nuevamente a la comunidad, para que no pierda de vista que cualquier mujer está propensa a ser víctima de la violencia de género y que sólo se previene con participación y la fuerte convicción de defender los derechos de todas las mujeres de la provincia.